Article - EL TOTALITARISMO DE LA ALCALDESA BARBERÁ

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	21/7/2010
	EL TOTALITARISMO DE LA ALCALDESA BARBERÁ
	Per Miquel Real Antequera. Iniciativa del Poble Valencià, Compromís per València
	publicat a Web

El día 7 de julio, la Sra Barberá visitó el barrio de Patraix para hacer uno de sus habituales mítines políticos travestidos de visita institucional. A ese acto fue invitada la Asociación de Vecinos de Patraix. Francisco, vecino del barrio y miembro de la asociación, también acudió. Francisco no estaba dentro de la carpa reservada para que la señora Alcaldesa, acompañada de sus acólitos y habituales seguidores (algunos con pancartas agradeciendo su defensa de los chiringuitos ¡en Patraix!), lanzara sus habituales soflamas. En este caso, el panegírico lo dedicaba al PAI de Patraix. Francisco, con sus amigos, aguantaba estoicamente el sol estival cuando, al oir el embuste de la Alcaldesa diciendo que el Ayuntamiento había invertido más de 34 millones de euros en dicho PAI, la acusó de mentir (porque mintió). Después, Barberá siguió mintiendo un rato más, atribuyendo a una extraña conspiración intergaláctica el simple hecho de que haya gente que, democráticamente, no aguante sus patrañas y las ponga públicamente en entredicho. La policía local, encargada de velar por la seguridad del acto, pensó que semejante afrenta constituía una alteración intolerable del orden público y una ofensa muy reprobable hacia la máxima autoridad municipal. Además, Francisco iba armado con un silbato, arma muy peligrosa que, usada convenientemente, podría hacer tambalear los cimientos mismos de la democracia. Por eso, una vez concluido el acto sin ningún problema, y cuando Francisco y sus amigos volvían a su casa, dos policías locales motorizados los interceptaron e identificaron a tres de ellos. A Francisco, cabecilla sin duda de la peligrosa banda, le informaron además de que darían parte de lo ocurrido al juzgado. Dicho y hecho, a la semana fue juzgado por una presunta falta de injurias a la Alcaldesa y alteración del orden público. En menos de una semana, Francisco pasó de ser un ciudadano crítico a un delincuente peligroso. El fiscal, en su alegato, pidió su absolución por considerar que la libertad de expresión ampara a Francisco, porque se trata de un derecho fundamental que, si además se ejerce para la crítica política, como era el caso, abarca unos límites vastísimos. El fiscal, durante el juicio, preguntó a los policías denunciantes si era habitual que identificaran y denunciaran a ciudadanos que públicamente pusieran en entredicho afirmaciones de la Alcaldesa. Los policías afirmaron. El juez, ipso facto, absolvió a Francisco. El pasado marzo, un vecino del Carmen fue al retén de la Policía Local para informarse si una verbena que impedía dormir a los vecinos y que no exhibía el preceptivo permiso municipal en lugar visible, estaba autorizada. Media hora después abandonaba el retén sin la información solicitada pero con una denuncia por injurias. Al poco tiempo se celebró el juicio y el vecino también fue absuelto. Conozco perfectamente el caso poque el vecino en cuestión era yo mismo. Ambos hechos guardan muchas similitudes con otro, mucho más serio por lo que implica, que sigue sub-judice. Se trata de la denuncia de la misma Policía Local a la diputada de Iniciativa Mónica Oltra por los sucesos del Cabanyal. Mónica Oltra, junto con mucha más gente, se trasladó al Cabanyal en abril pasado para exigir el cumplimiento de la legalidad. Mónica Oltra, junto con cientos de vecinos y ciudadanos responsables, intentaban que se cumpliera una sentencia del Tribunal Supremo, tal y como obligó un par de días después el Tribunal Constitucional. Frente a ella, los insumisos Alfonso Grau y Miguel Domínguez, pretendían burlar dicha sentencia, como así lo hicieron, y demoler varios edificios. La Policía Local, cumpliendo órdenes de sus superiores jerárquicos, desalojó por la fuerza a quienes defendíamos la legalidad. Nos zarandeó, nos arrojó al suelo, hay decenas de imágenes que muestran a Mónica Oltra tirada en la calzada. Además, nos identificaron a todos y en este momento, la diputada Oltra, que no se representa a ella sola, sino a las decenas de miles de personas que en su día la votamos, está a la espera de un juicio por desobediencia a la autoridad. El intendente de la policía local que formuló la denuncia, y que ha declarado que ni siquiera estuvo presente en el momento de los hechos, piensa que la diputada Oltra es una chica desobediente a la que hay que enmendar. En cambio, los concejales del PP que dieron la orden de desalojar incumpliendo una sentencia del Tribunal Supremo, ratificada posteriormente por el Tribunal Constitucional, son jefes a los que hay que obedecer. Una de las consecuencias más negativas que tiene el ejercicio abusivo del poder es que crea un estado de opinión en el que la crítica molesta y la reflexión se considera peligrosa. Cuando un intendente de la Policía Local confunde el ejercicio de la libertad de expresión con una alteración del orden público, o cuando se trastoca el orden lógico de las cosas y se actúa contra quienes defienden la ley y se obedece a quienes la vulneran, la democracia corre peligro. Cuando se lleva ante los tribunales, con el dinero de nuestros impuestos, a quienes molestan a la Alcaldesa en sus delirios, se violenta la base misma del sistema de libertades. Es normal que la Sra Barberá no tenga claro el derecho a la libertad de expresión, ella, que fue jefa de prensa del último Gobernador Civil preconstitucional. Pero es más pernicioso cuando este virus se esmpieza a inocular en quienes deben servir a la ley y proteger los derechos y libertades públicas. Valencia no pude ser una ciudad servil a Rita Barberá. Valencia merece ser la capital de la libertad de expresión.

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